El crédito en un país como el Perú siempre es un tema sensible; por un lado, los bancos defendiendo su derecho a cobrar lo que les corresponde, de acuerdo, se entiende, a un análisis de costos, riesgos y beneficios esperados, y por otro los usuarios, empresas de todos los sectores y personas naturales que esperan obtener el menor costo por el financiamiento que solicitan.
A este respecto, y producto de la crisis económica generada por la pandemia y las medidas restrictivas impuestas por el gobierno, muchos usuarios del sistema financiero alzaron su voz respecto a mejoras en la estructura de pagos y las altas tasas de interés que se venían aplicando, especialmente en los segmentos MiPyME y consumo. En este sentido gira la nueva ley aprobada por el Congreso peruano respecto a los límites de las tasas de interés, que permite al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) establecer tasas de interés máximas y mínimas de forma semestral a las operaciones realizadas dentro del sistema financiero.
Es cierto que, debido a la pandemia, muchas instituciones financieras han revisado los cronogramas de pago de sus clientes, ofreciendo refinanciaciones o reestructuraciones con mayores plazos o períodos de gracia, que aligeren a corto y mediano plazo la carga de deuda de las empresas y personas naturales; sin embargo, esto no disminuye el costo de su deuda e incluso puede aumentarla, dependiendo del aumento del plazo que se pacte con la entidad financiera. Asimismo, se ha planteado y aceptado, incluso por la SBS, que las tasas de interés son altas si las comparamos con los promedios de la región, pero estas mayores tasas no son producto de mayores beneficios que buscan las entidades financieras (algo de esto puede haber, tal como es percibido por la población), sino principalmente debido a la diferencia en los perfiles de riesgos de los clientes financieros y los costos operativos que representan el otorgamiento de préstamos en el sector de las microfinanzas.
Las tasas de interés se componen de cuatro factores principalmente: el costo de fondeo, el riesgo de crédito, los costos y gastos operativos asociados a la evaluación y el monitoreo de los créditos y el margen de ganancia. El primero es relativamente similar para todos en el sentido de que parten primero de una fuerte dependencia del capital propio, para luego ver alternativas a nivel de depósitos u otros instrumentos de deuda más institucionales. Cierto es que las instituciones financieras más grandes pueden alcanzar financiamiento a través de bonos corporativos u otros instrumentos que permiten un mejor calce entre sus inversiones y sus obligaciones; sin embargo, este factor no representa la principal fuente de diferenciación (en relación a su participación) en las tasas aplicadas a los distintos sectores. Asimismo, el margen de ganancia, que incide en los beneficios directos de las instituciones bancarias, no representa el principal problema en el costo de los créditos en nuestro país. Esto es debido a que no tienen una gran participación en la estructura de tasas de interés, siendo que constituyen alrededor del 10% de las tasas aplicadas a las colocaciones en los sectores MiPyME y consumo.
Por otro lado, el riesgo de crédito representa el nivel de riesgo impuesto a los prestatarios, de acuerdo a la probabilidad de impago, exposición, capacidad financiera, entre otros. En este contexto, los segmentos MiPyME y consumo tienen una mayor prima de riesgo debido a que son considerados como nuevos sujetos de crédito, sobre los cuales no se tiene una historial para evaluar su voluntad de pago. Asimismo, en estos sectores, los ingresos pueden ser variables, volatilidad que impacta en la determinación de la capacidad de pago de los clientes, aumentando la probabilidad de incumplimiento, y por ende, el riesgo y el spread crediticio asociado a esta.
De la misma forma, los costos y gastos asociados a estos préstamos son más altos que en los préstamos a los segmentos de gran empresa y corporativos. A gran escala, montos más altos en los préstamos otorgados diluyen los costos fijos que enfrentan las instituciones financieras, por lo cual los beneficios a escala son mayores en los sectores de grandes empresas y corporativos, traspasando unos mayores costos a los sectores con préstamos más pequeños. Adicionalmente, existen costos de selección, evaluación y monitoreo, los cuales, dada la información disponible suelen ser menores en los sectores de grandes empresas y corporativos. Los segmentos MiPyME y de consumo tienen un menor historial crediticio que otros sectores, además de una cultura empresarial limitada, lo cual aumentan los costos de evaluación para el otorgamiento del préstamo, así como el monitoreo posterior y el proceso de recuperación del mismo.
En este sentido, si bien puede haber un clamor popular para establecer límites a las tasas de interés a las cuales se otorgan los préstamos, especialmente en el sector de microfinanzas; estas altas tasas reflejan lo poco desarrollados que están estos sectores en materia financiera y lo mucho que pueden mejorar, tanto los usuarios, como las instituciones financieras en materia de tecnologías crediticias que permitan aminorar estos costos o los aumentos en las tasas a raíz de primas de crédito. Sin embargo, esto no quiere decir que el sistema necesita un “policía de tasas” que limite en los extremos lo que las instituciones financieras pueden cobrar por el dinero que otorgan. Un escenario de este tipo puede generar una disminución en la profundización financiera del país, un menor acceso a los usuarios con ingresos variables o empresas que recién empiezan sus actividades, incrementando los sistemas de financiación alternativos e informales, con tasas mucho más altas a las reguladas y con la exposición a otros riesgos no contemplados por nuestros legisladores.
La regulación puede ser necesaria, sí, pero más bien orientada a criterios de protección a los consumidores respecto a los productos financieros que contratan y el favorecimiento e incentivos a la competencia, además de incentivos para captar todo ese sector informal que aún no ingresa al sistema financiero; pero no en detrimento de las libertades empresariales ni del menor acceso a financiamiento de empresas en sectores ya muy poco atendidos.
